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La resolución 2001 del Ministerio de Ambiente, del 2 de diciembre de 2016, definió 21 zonas compatibles para las explotaciones mineras de materiales de construcción en la Sabana de Bogotá. Actualmente se encuentra suspendida por el Tribunal de Cundinamarca porque se requiere comprobar que efectivamente hay un acatamiento del fallo del río de Bogotá y que la decisión del Minambiente no viola el espíritu de esa histórica orden de descontaminar el principal afluente de la capital del país.

Esta resolución  da cumplimiento al artículo 61 de la Ley 99 de 1993, que establece que “El Ministerio del Medio Ambiente determinará las zonas en las cuales exista compatibilidad con las explotaciones mineras”, asimismo con esta resolución se buscar dar cumplimiento  a la Sentencia del 28 de marzo de 2014 del Consejo de Estado dentro del proceso de acción popular No. 2001-90479 (proceso del Río Bogotá), ordenó “…delimitar geográficamente las zonas excluidas de minería en donde no podrán ejecutarse trabajos y obras de explotación…”.

 

  • La Sabana de Bogotá abarca un área total de 427.792 hectáreas y está conformada por 49 municipios.
  • La resolución 2001 crea 24 polígonos que se ubican en las zonas sur y norte de la Sabana de Bogotá y afectan a 26 municipios.

 

  • Los 26 municipios que se verán afectados por la resolución de las zonas compatibles con la minería en la la Sabana son: Bogotá, Bojacá, Cajicá, Chocontá, Cogua, Cucunubá, El Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, Guasca, Guatavita, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

De acuerdo con el catastro Minero con corte a 4 de Agosto de 2016, en el área de Sabana de Bogotá, hay 410 Títulos Mineros que comprenden un área de 35.076 hectáreas y representan el 8% del área de Sabana.Tradicionalmente se ha explotado arcilla, carbón y materiales de construcción.

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El Ministerio estableció las primeras Zonas Compatibles de Minería  ZCM de la Sabana en 1994, que sumaban unas 11.300 hectáreas.Con esta resolución añade 7.000 hectáreas nuevas, con lo que el área habilitada queda en 18.300 hectáreas, casi la superficie de una ciudad intermedia como Soacha.

  1. Ordena terminar con la explotación por fuera de las zonas que no sean compatibles con la minería, para lo cual  las empresas y/o personas que cuenten con título minero y licencia ambiental o su equivalente, por fuera de las zonas compatibles y se encuentren en ejecución, deben acogerse a un plan que las obliga a dejar el ecosistema donde operan apto para actividades forestales o agrícolas, las empresas deberán iniciar fase de desmantelamiento y abandono de la actividad, en un término máximo de 5 años.
  2. Cuando se cuente con título minero y licencia ambiental o su equivalente por fuera de las zonas compatibles y no se hayan iniciado actividades mineras de explotación, la Autoridad Ambiental deberá proceder a declarar la pérdida de fuerza ejecutoria de la viabilidad ambiental otorgada.
  3. En los casos en que no se cuente con autorización ambiental, se ordenará la suspensión inmediata de las actividades y se deberá elaborar un Plan de Restauración y Recuperación Ambiental del área

¿Cuales tipos de extracción predominan en la Sabana de Bogotá?

  • Minería a cielo abierto (materiales de construcción e industriales como areniscas, calizas, arcillas y rocas duras en general)
  • Minería sobre cauces de los ríos (de materiales aluviales)
  • Minería subterránea (de Carbón y Sal)

 

Problemas que generan:

La actividad minera en la Sabana de Bogotá ha originado sobre el suelo y subsuelo alteraciones de carácter físico, que se han convertido en detonantes de deslizamientos, erosión y fenómenos de remoción en masa como los siguientes:

El mismo Ministerio de Minas y Energía, el 9 de abril de 2012, alertó de la minería como actividad amenazante en un oficio enviado a la Comisión Quinta del Senado.

…” Los trabajos que se desarrollan  para la exploración y explotación minera y de hidrocarburos ocasionan movimientos en los terrenos circundantes generando inestabilidad en las construcciones aledañas, de tal forma que si no se guardan las distancias suficientes se presentan inminentes situaciones de riesgo para los habitantes a su alrededor…”

Es importante resaltar que en Bogotá existen frentes de explotación minera en la Cuenca Media del Río Tunjuelo  y en la localidad de Usme (dentro del casco urbano) y en el denominado Parque Minero de Mochuelo (veredas de Mochuelo Bajo, Quiba alta y quija Baja ubicadas dentro de la zona rural de Ciudad Bolívar).

Muchos de los frentes mineros de extracción ejecutab explotaciones antitecnicas, amparadas en licencias ambientales, ´planes de manejo ambiental e incluso, de manera contraria a la norma, se desarrollan con fundamento en Planes de Recuperación y Restauración Ambiental PMRRA, siendo este un instrumento que se creó por el Ministerio para efectuar un cierre ambientalmente  adecuado a las explotaciones mineras que se desarrollan por fuera de las zonas compatibles previa precaución morfológica y ambiental.

Estos frentes mineros están poniendo en riesgo la vida, la integridad y la salud de miles de personas que habitan alrededor de estos frentes, así como también existe un enorme impacto ambiental sobre el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad, y el paisaje, a continuación se presentan las problemáticas de la minería en la sabana de Bogotá:

Problema de remoción en masa:

  • La minería del Parque Minero Industrial – PMI Tunjuelo, ha tenido numerosos antecedentes relacionados con el riesgo por remoción en masa de la estructura funcional de la ciudad (barrios, avenidas y líneas vitales) y el daño irreversible a la estructura ecológica principal.

Se han documentado al menos 6 deslizamientos sobre los taludes mineros de este polígono: el último de estos ocurrió el 20 de mayo de 2009 cuando se presentó el deslizamiento de una gran masa en la zona del barrio Villa Jacqui, en un título minero de Holcim S.A. operado por Cemex. En este caso se podría generar el colapso total y/o parcial de las edificaciones y demás equipamientos como redes de alcantarillado, fluido eléctrico, gas natural y agua potable localizados dentro de la posible zona de influencia del proceso de remoción en masa antes descrito.

  • El Parque Minero Mochuelo (Ciudad Bolivar) se ubica en una zona de borde urbano rural del sur de la ciudad y el polígono minero limita hacia el sur con dos áreas protegidas del orden distrital (Encenillales de Mochuelo y El Carraco)

De acuerdo a estudios de 2008 y 2010…el 80% de los deslizamientos y caídas de bloques que afectan zonas urbanizadas en las laderas urbanas de Bogotá corresponde justamente con zonas que fueron afectadas por actividad extractiva

En la zona de Mochuelo se han presentado deslizamientos en las actuales canteras, no obstante dichas actividades extractivas cuentan con licencia o instrumento ambiental expedido por la CAR y su impacto paisajístico es evidente en toda la ciudad, a pesar de que los frentes se ubican en el extremo sur.

  • El Parque Minero Usme. traslapado con El Parque Ecológico Distrital Entrenubes (área protegida del orden local). Nunca se debió haber dado esta licencia pues es evidente que prevalecen los derechos colectivos relacionados con un ambiente sano. Esta zona también limita con zonas urbanas y ya hay deslizamientos activos relacionados con la extracción de arcillas que podrían comprometer barrios como Alaska y Nebraska. El IDIGER ya ha advertido el riesgo de deslizamiento de ambos barrios.

 

  • Soacha es tal vez el municipio de la Sabana de Bogotá con mayores afectaciones y problemas por remoción en masa asociado a la construcción en antiguas zonas de extracción.

en 2006 Ingeominas (hoy servicio geológico), le recomendó a la Alcaldía de Soacha iniciar actividades en relación con el ordenamiento territorial para solucionar los conflictos de uso surgidos por la coexistencia del uso residencial con el de explotaciones mineras.

  • La vía Bogotá – Tunja (Tocancipá) se han reportado problemas de estabilidad que han hecho cerrar uno de los carriles, es decir, la amenaza por remoción en masa se convierte en riesgo sobre los usuarios de esta vía.

 

 

  • Problemas de inundaciones asociados a la actividad en la Sabana de Bogotá:

 

 

  • La minería del Parque Minero Industrial – PMI Tunjuelo, las actividades mineras que se desarrollan en el Río Tunjuelo, han ocasionado la desviación del río, la desaparición del tramo más bajo de la quebrada La Trompeta, la afectación sobre la Quebrada la Chiguaza, al afectación de laderas sobre montañas enteras, provocando inundaciones y deslizamientos.
  • En Guasca hay explotación de materiales aluviales en el Valle del río Siecha. Esto tiene implicaciones hidráulicas que alteran el cauce del río Siecha y la estabilidad de taludes que en algunos sectores se encuentran próximos a la vía Guasca – Sopó.

 

  • En Tabio, la extracción de materiales aluviales se ubica en el valle del río Frío y en zona de ronda o manejo y preservación ambiental. Esto altera el cauce del río Frío dado que el casco urbano del Municipio de Tabio se encuentra aguas abajo de las zonas de extracción.

 

 

  • Problemas de calidad de aire:

 

 

  • En la Sabana de Bogotá la contaminación del aire está principalmente relacionada con la industria ladrillera en relación con la sustancia contaminante que los causa (carbón, coque, arcilla…)
  • La ausencia de chimeneas en los ‘hornos de fuego dormido’ utilizados en los chircales y en algunas pequeñas empresas ladrilleras afecta directamente a las personas que están cerca, por cuanto no permite una buena dispersión de los contaminantes, deteriorando la calidad del aire y los efectos sobre la salud y el ambiente
  • En los municipios de Nemocón y Tausa se han reportado problemas de contaminación atmosférica relacionados con chircales y coquización.

Posición

Como congresista por Bogotá, considero pertinente destacar la existencia de humedales y zonas montañosas, que por los ecosistemas que aún persisten están declarados como áreas protegidas del orden local y que en el ordenamiento jurídico no se encuentran excluidas de las actividades mineras, y el mejor ejemplo de ello es el parque Ecológico Distrital Entrenubes, que fue traslapado con una de las zonas compatibles con minería establecidas por la Resolución 1197 de 2004, “Por la cual se establecen las zonas compatibles con la minería de materiales de construcción y de arcillas en la Sabana de Bogotá, se sustituye la Resolución número 0813 del 14 de julio de 2004 y se adoptan otras determinaciones”, a pedido de la entidad distrital en su momento.

 

Urge que su  caracterización y evaluación de cuenta de sus implicaciones sociales, económicas y ambientales, y que se determinen polígonos en zonas que no impliquen un impacto ambiental irremediable para sus habitantes y para los ecosistemas, humedales, acuíferos, bosques y demás elementos de la estructura ecológica principal.

La resolución emitida por el Ministerio de Ambiente debió, por mucho, dejar las zonas ya existentes, hoy terriblemente degradadas. Y no entrar a dañar nuevos ecosistemas.

 

No incluir más zonas compatibles con minería en Bogotá no implica terminar de manera automática la oferta de materiales de construcción, pues es claro que las empresas y/o personas que cuenten con título minero y licencia ambiental o su equivalente, al momento de la expedición de esta resolución ya tendrán el derecho para la explotación.

 

Como la minería genera un riesgo de remoción en masa, se deben crear unos soportes llamados taludes mineros, los cuales evitan justamente el deslizamiento. En Bogotá estos soportes han sido inestables durante décadas y es necesario que el Ministerio de Ambiente ajuste los factores de seguridad de los taludes, según la Resolución 227 de 2006 “Por la cual se adoptan los términos de referencia para la ejecución de estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa para proyectos urbanísticos y de construcción de edificaciones en Bogotá D.C.”, los cuales se van a entregar a la ciudad una vez culmine la explotación minera, para que soporten sismos y sean realmente seguros para la ciudadanía.

El gobierno debe atender los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con la importancia de que los municipios participen en las decisiones relacionadas  con el uso del suelo y la actividad minera en sus territorios.

 

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