Radicado el proyecto que reforma el Código de Minas

Radicado el proyecto que reforma el Código de Minas

El martes 11 de diciembre de 2018, en la Secretaría de la Cámara de Representantes, se radicó el proyecto que tiene como propósito hacerle frente a la urgente necesidad de visibilizar y poner en la agenda pública los obstáculos del sector minero. Lo anterior, debido a  que se han identificado serias falencias en la normatividad vigente para la garantía de los derechos individuales y colectivos.

En la radicación del proyecto estuvieron presentes los senadores Angélica Lozano y Antonio Sanguino, y  los Representantes de la Cámara, Crisanto Pisso, Ciro Fernández y Luciano Grisales. Esta iniciativa fue construida durante un año con el apoyo de WWF Colombia, el Foro Nacional Ambiental y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).

De esta manera, la proliferación de conflictos socioambientales asociados a la minería, que se evidencia en 7 consultas realizadas en 2017 y más de 54 de ellas pendientes de realizarse, muchos de los cuales están ligados a los vacíos existentes en la reglamentación vigente han hecho evidente la necesidad de actualizar el Código de Minas vigente para ajustarlo a la realidad del país y sus regiones.

El aumento de la movilización social y la proliferación de mecanismos de participación ciudadana para prohibir actividades extractivas, así como en el crecimiento de decisiones judiciales al respecto, llevan a poner en el centro del debate las necesidades de las comunidades, de las entidades territoriales, así como la protección del ambiente. Además, las dificultades jurídicas de la industria minera, instan a replantear la importancia del sector para el desarrollo del país y acorde con los requerimientos de sentencias de la corte constitucional.

En este sentido, el proyecto recoge seis aspectos generales que tienen que ver con dimensiones problemáticas del vigente Código de Minas: i) los aspectos que tiene que ver con marco legal y jurídico, ii) aquellos que tiene que ver con fortalecimiento de la institucionalidad pública, en especial la del sector minero, iii) los temas de gestión ambiental, iv) los aspectos económicos, v) las relaciones entre institucionalidad, sector minero y comunidades, y vi) los efectos para el desarrollo local.

Esta propuesta de reforma a la Ley 685 de 2001 partió de recomendaciones de expertos, de documentos de política pública, de organismos de control, mandatos de sentencias de las altas cortes, academia y que se nutre con discusiones en regiones mineras y con organizaciones sociales y ambientales, pequeños mineros, gremios mineros, y académicos y que aborda sus principales preocupaciones en temas como:

  • Seguridad jurídica
  • Ordenamiento territorial
  • Participación ciudadana y relación con las comunidades
  • Fortalecimiento institucional y coordinación nación territorio

Para su desarrollo, el proyecto aborda aspectos generales del ordenamiento jurídico minero, propuestas que buscan enfrentar la extracción ilícita de minerales, e intentan mejorar la coordinación nación-territorio, así como lograr la armonía sectorial e intersectorial. De igual manera, se presentan en el cuerpo del proyecto propuestas sobre las funciones de planeación, control evaluación y rendición de cuentas, así como de fortalecimiento a institucionalidad local, la gestión del conocimiento en el sector, y el desarrollo de buenas prácticas basados en altos estándares de gestión minera.

En materia de gestión ambiental, el proyecto propone algunos instrumentos legislativos que permitan la armonización entre el sector minero y el ambiental, y avanza también en propuestas que permiten comenzar a construir un ordenamiento territorial ambiental que preceda las dimensiones estrictamente productivas.

En materia económica y financiera el proyecto incorpora disposiciones sobre regalías, infraestructura, productividad y encadenamientos productivos. Sin embargo, es en el tema de relaciones entre institucionalidad, sector minero y comunidades y el desarrollo local donde la propuesta presenta las mayores apuestas, pues trata de resolver complejos aspecto rente a la autonomía territorial y la

El proyecto puede resultar útil para generar mayor confianza y mejor desempeño del sector minero en el país. confiamos en que ella sea bien recibida por el Gobierno Nacional, que promueva discusiones que la enriquezcan y que reflejen las necesidades de para un desarrollo sostenible del sector en el país. Este proyecto quiere ser un insumo para empezar a resolver los mayores problemas que abordan la industria minera.

 

Rendición de Cuentas 2018-2

Rendición de Cuentas 2018-2

Es fundamental que los Congresistas rindamos cuentas sobre nuestra gestión, ya que somos representantes de nuestros electores y la ciudadanía en general, de esta manera es un espacio de socialización y retroalimentación con los ciudadanos. Rendimos cuentas porque nos parece importante que las personas tengan conocimiento sobre qué proyectos presentamos, cómo los votamos y qué debates de control político hacemos como congresistas.

Además, rendimos cuentas como una apuesta por fortalecer este ejercicio en el Congreso de la República, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1828 de 2017 y en la Resolución 002 del mismo año, que determina como deber de los Congresistas: “Rendir cuentas a la ciudadanía de las acciones relacionadas con las obligaciones y responsabilidades Congresionales, por medio de un informe de gestión anual el cual contendrá la información legislativa (…) y la gestión individual de cada congresista”.

Esta es nuestra presentación:

 

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Aquí puede ver el informe completo de nuestra Rendición Pública de Cuentas:

 

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¡Avanza el proyecto sobre declaración de renta, bienes y patrimonio!

¡Avanza el proyecto sobre declaración de renta, bienes y patrimonio!

En las Comisiones Primeras de Cámara y Senado se aprobó en primer debate el proyecto que adopta el punto seis de la Consulta Anticorrupción para hacer públicas las declaraciones de renta, bienes y patrimonio; así como el registro de conflictos de interés de servidores públicos.

Con este proyecto se pretende poner a disposición de la ciudadanía la información para contrastar posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos para beneficio privado de manera que se pueda controlar y vigilar con qué entran y salen de sus cargos.

Contribuir  a  la  transparencia  y  garantizar  el  acceso  de  la  ciudadanía  a  la gestión de todos los corporados públicos es importante para seguir luchando contra el abuso del poder. Casi 12 millones de colombianos, esperamos que los congresistas sigan respaldando favorablemente en los próximos debates esta iniciativa, hagan control y no permitan que se haga conejo a los proyectos anticorrupción.

Está demostrado que en países donde los funcionarios publican sus declaraciones de bienes, la percepción positiva de las instituciones es más alta. Es decir, la percepción de transparencia en los países donde se publica la declaración de bienes e ingresos es más alto como en Francia, Reino Unido, Chile y Estados Unidos.

Países que Sí publican las declaraciones.            Países que No publican las declaraciones

Los tres formatos que deberán ser publicados, según la normativa aprobada, son: la declaración de renta y complementarios, la declaración de bienes y patrimonios y los conflictos de intereses; este último para los altos funcionarios del Estado. Los documentos, indica el proyecto, deberán ser cargados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), el cual es un portal abierto para consulta ciudadana.

A lo largo de la jornada, ciudadanos hicieron presencia en la Plaza de Bolívar y en las barras del Congreso ejerciendo veeduría del debate y la votación. La decisión final y real será en plenaria ¡ojala lo logremos y no nos hagan conejo!

 

Punto 3 de la consulta anticorrupción fue aprobado en primer debate

Punto 3 de la consulta anticorrupción fue aprobado en primer debate

Foto:KienyKe

El 06 de noviembre en la Comisión Primera del Senado se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca establecer pliegos tipo para lograr una contratación más transparente en todo el país, esta ley impide la contratación a dedo, son 4 debates para que este proyecto se convierta en ley, hacen falta 3 debates.

Esta es una de las iniciativas que fue respaldada por más de 11 millones de colombianos el pasado 26 de agosto en la Consulta Anticorrupción. El proyecto busca adoptar documentos tipo para la elaboración de los pliegos de condiciones que se apliquen en todos los procesos de selección mediante licitación pública. Dentro de los documentos tipo, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones habilitantes, así como los factores técnicos y económicos de escogencia, según corresponda.

Cerca del 50% de la contratación en nuestro país es a dedo, con licitaciones que tienen un solo proponente o con pliegos tipo “sastre”, es decir, a la medida de los amigos del contratante. Una investigación que hizo la Cámara Colombiana de Infraestructura demostró que, en el 2016, tan solo 60 contratistas ejecutaron el 40% del presupuesto.

En estos casos, la contratación es amañada para evadir los procesos de convocatoria pública, de licitación, de subasta inversa, en el que arman un formato de contratación directa que no tiene mayor justificación y depende del ordenador del gasto.

Lo anterior, se presta para la corrupción, para el favorecimiento ilegal y para recibir beneficios de los financiadores de la campaña. Con los Pliego Tipo se elimina la  contratación directa exclusivamente para factores que sí lo requieran, pretende que su campo de implementación se extienda a toda la estructura del Estado, tanto del orden nacional como del orden territorial, inclusive, a los particulares que integran la llamada descentralización por colaboración y se busca que el Gobierno tenga en cuenta las características propias de las regiones, con el ánimo de promover el empleo local.

De esta manera, presentamos ante la Comisión Primera del Senado una proposición que modifique el artículo 1 del Proyecto de Ley 82 de 201 con el fin de que, la organización Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, adopte circulares tipo que serán de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual de todas las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

A la fecha,  de los siete proyectos anticorrupción, dos van muy bien. El punto dos que pide quitar los beneficios de cárcel especial a los delincuentes de cuello blanco y el de pliegos tipos, pero el resto de las propuestas están muertas, esperamos que le den celeridad lo más pronto posible y no nos hagan conejo.

 

Esta fue la Propocisión que presentamos.

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Reforma política: transfuguismo y nuevo frente nacional

Reforma política: transfuguismo y nuevo frente nacional

Este martes ante la Plenaria del Senado presentamos los argumentos por los que rendimos ponencia negativa a la Reforma Política que se debate en el Congreso. A través de un cambio en las reglas del juego quieren acabar con el pluralismo político, promover el transfuguismo y garantizar que la clase política tradicional se perpetúe en el poder.

El verdadero propósito de esta reforma es el transfuguismo, con el objetivo de solucionar el cambio de posturas políticas de los partidos afines al Gobierno. Esta es una reforma política simplista que no soluciona, ni garantiza los problemas de confianza de la ciudadanía, representatividad y pluralismo.

Con esta se retorna al país del Frente Nacional, en donde unos pocos tenían el poder político y además permite que en las elecciones de 2019 se pueda cambiar de partido sin incurrir en doble militancia y crear partidos nuevos con solo la firma del 25% de los miembros de una bancada, retornaríamos a la proliferación de partidos políticos.

La Reforma Política con la propuesta de Senado Regional perjudica a los partidos pequeños como el Mira, Justa y Libres y Polo Democrático que perderían curules al punto de casi desaparecer y beneficia a partidos mayoritarios como el Liberal, Centro Democrático y Conservador, quienes incrementarían sus curules en todo el país.

El proyecto de Reforma mantiene la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral por el Congreso, lo reduce de nueve a tres integrantes, y lo politiza de manera tal que los partidos alternativos o que no están en la coalición de Gobierno no tendrán espacio en dicha instancia, conservando el dominio de esta autoridad electoral por parte de los partidos tradicionales. En toda la historia del CNE hasta el año 2014, sólo 3 integrantes han representado a los partidos de oposición.

Si bien la lista cerrada da coherencia a los partidos y facilita al ciudadano decidir y delegar qué programa y partido lo representa, la lista cerrada en esta Reforma Política nos retorna al bolígrafo, y permitiría reelegir “por una sola vez” a los actuales Congresistas, Concejales y Diputados, habría una reelección sin elección del actual Congreso para el periodo 2022 – 2026.

Además, se consagra la posibilidad de que las bancadas de Senado y Cámara puedan con el 25% de sus firmas crear un nuevo partido político. Este tipo de disposiciones demuestran la verdadera intención que hay detrás de esta reforma política.

Este cambio en las reglas de juego si bien no aparece en los textos de la ponencia de la Reforma, se hará vía proposiciones, fortaleciendo a los partidos tradicionales y debilitando el pluralismo actual del Congreso que hoy cuenta con representación de diferentes movimientos y partidos políticos. Las votaciones de las pasadas elecciones presidenciales y de la Consulta Popular Anticorrupción, votada por 11.674.951 de colombianos reflejan un mensaje claro de la ciudadanía a la clase política tradicional, que responde a este llamado con un ataque frontal al pluralismo y aferrándose al poder.

Prueba de ello es la decisión del día de hoy de la Plenaria de la Cámara de Representantes, que con 69 votos a favor y 53 en contra decidió archivar y darle muerte al proyecto que pretendía limitar el periodo en los cuerpos colegiados a máximo tres periodos en el cargo.

 

Presidente Duque incumplió y Congreso engavetó proyectos de la Consulta Anticorrupción

Presidente Duque incumplió y Congreso engavetó proyectos de la Consulta Anticorrupción

Foto: Revista Semana

El Presidente Duque incumplió su compromiso de radicar  con mensaje de urgencia los 11 proyectos normativos que dan cumplimiento a los mandatos de la Consulta Anticorrupción, por lo cual 8 de los 11 proyectos de la Consulta ni siquiera han tenido primer debate en el Congreso y podrían hundirse por falta de trámite. Según la Ministra del Interior, el Gobierno Nacional decidió darle prioridad a otros proyectos diferentes de la Consulta como la Reforma Política y la Reforma a la Justicia. Con la anuencia del Gobierno, el Congreso también le dio prioridad a otras iniciativas como suspender las elecciones locales del 2019, alargar por dos años el período de los actuales alcaldes y gobernadores, unificar las elecciones y períodos locales y nacionales, y hacer segunda vuelta exclusivamente en las elecciones de Alcaldía de Bogotá.

Nueve de las once normas para dar cumplimiento a los mandatos de la Consulta Anticorrupción son proyectos de Ley que pueden tener mensaje de urgencia, pero el Gobierno incumplió y los radicó sin dicho mensaje. Ante el incumplimiento del Gobierno de esos nueve proyectos sólo ha avanzado uno en su trámite, gracias a que la Fiscalía General de la Nación incorporó las normas para eliminar los beneficios penales y carcelarios que tienen los corruptos en un proyecto de Ley de la Fiscalía que ya va para cuarto y último debate. Los otros 8 proyectos de Ley para cumplir los puntos 2, 3, 4, 5, y 6 de la Consulta ni siquiera han tenido primer debate.

Otras dos de las once normas para cumplir la Consulta son Actos Legislativos que no pueden tener mensaje de urgencia. Los dos actos legislativos son uno para reducir el salario de los congresistas y otro para limitar a máximo 3 periodos. Sobre el de reducción de salarios ni siquiera han presentado ponencia para primer debate y el del límite a 3 periodos fue aprobado en primer debate, pero con un mico que invalida el límite y permite que los políticos estén 3 periodos en las corporaciones públicas, descansen un periodo y vuelvan nuevamente por otros 3 y así indefinidamente.      

El balance dos mese después de que los colombianos dieran en las urnas un mandato contundente de casi 12 millones de votos para que la clase política se reformará y sancionará la corrupción es que el Gobierno incumplió el compromiso de darle prioridad al trámite de los proyectos de la Consulta, el Congreso los engavetó, apenas 3 de 11 han avanzado algo en su trámite y otros 8 ni siquiera han empezado a debatirse.

El Gobierno del Presidente Duque y el Congreso incumplieron a la Consulta Anticorrupción pero en cambio le han dado prioridad a normas que constituyen una verdadera contrareforma a favor de la corrupción y el atornillamiento de la actual clase política. Por ejemplo: la Reforma Política de iniciativa del Gobierno que va para segundo debate contempla autorizar el transfuguismo de los políticos o la creación de nuevos partidos a su conveniencia, triplica el umbral para la elección en Concejos lo cual hace aún más difícil y prácticamente excluye a nuevos movimientos ciudadanos en esa corporación, mantiene la financiación privada de campañas con lo cual los contratistas seguirán poniendo a su conveniencia candidatos y un Consejo Nacional Electoral más pequeño de apenas 3 miembros en el que no tendrá representación ningún grupo minoritario, pero con más poder y presupuesto, entre otras normas inconvenientes y antidemocráticas.

Además con la complacencia del Gobierno, a iniciativa de Cambio Radical y con el apoyo del Centro Democrático y demás partidos tradicionales avanza a segundo debate un proyecto para cancelar las elecciones de 2019, alargar los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores dos años y unificar periodos y elecciones locales y nacionales, lo cual constituye una absoluta contrarreforma a la descentralización, el control del clientelismo la y autonomía de los asuntos locales respecto de los nacionales que consagró la Constitución de 1991. También va para tercer debate un proyecto que establece exclusivamente la segunda vuelta para la elección de Alcalde de Bogotá lo cual le da ventajas a la unificación de las maquinarias políticas para contrarrestar el voto independiente ciudadano.   

Las voceras de la Consulta Popular Anticorrupción, Claudia López y Angélica Lozano, las 70 organizaciones sociales veedoras del mandato anticorrupción y los diferentes sectores políticos que apoyaron la Consulta lamentan y condenan el incumpliento del Presidente y el Congreso al contundente mandato expresado por casi 12 millones de Colombianos en las urnas. Exhortan al Presidente a cumplir su palabra y radicar el mensaje de urgencia a los proyectos de Ley que dan cumplimiento a los mandatos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Consulta y a apoyar el trámite prioritario de los otros dos Actos legislativos para reducir el salario de los congresistas y limitar efectivamente a máximo 3 períodos la estancia en todas las corporaciones públicas.  

De igual manera, alertan a toda la ciudadanía que mientras engavetan los proyectos de la Consulta Anticorrupción, el Gobierno y los partidos en el Congreso avanzan en una verdadera contrarreforma política que profundizará el abuso, la corrupción y la mermelada, cancelan las elecciones locales, alargan de manera abusiva e inconstitucional a la actual clase política en sus cargos y les dan todas las ventajas y gabelas a las maquinarias para imposibilitar que la ciudadanía libre y los movimientos alternativos puedan competir democráticamente por el poder local y nacional.

La respuesta real del Gobierno y los partidos tradicionales al clamor ciudadano mayoritario y contundente por el cambio y la transparencia es una contrarreforma para atornillarse en el poder e imposibilitar el avance de la ciudadanía independiente y los movimientos alternativos.  

 

¡Fusagasugá le dijo NO a la minería!

¡Fusagasugá le dijo NO a la minería!

El municipio de Fusagasugá le dijo NO a la minería a gran escala y al fracking mediante una consulta popular. El resultado fue de 0.51% a favor de permitir este tipo de proyectos y 99% en contra. Además, se convirtió en el primer municipio que fue a las urnas después de que la Corte Constitucional prohibiera este mecanismo para decidir sobre el uso del subsuelo.

Es importante decir que, en esa misma fecha, el municipio de San Bernardo, ubicado en el departamento de Cundinamarca, también tenía planeado realizar una consulta popular con el mismo enfoque. Pero esta fue suspendida por el Consejo de Estado dos días antes, limitando a los ciudadanos en el ejercicio de este derecho.

Fusagasugá pasó a la historia como el primer municipio libre de fracking en Latinoamérica por medio de una consulta popular de tipo ambiental. Esto es posible gracias a la acción de los habitantes, quienes interpusieron una acción de tutela para que el Estado colombiano destinará los recursos económicos necesarios para garantizar la democracia ambiental. Admirable esfuerzo de la comunidad fusagasugueña ¡las consultas son nuestra voz, son nuestro derecho!

Fusagasugá hace parte de la Provincia del Sumapaz, por eso queremos la conservación de la reserva hídrica de los municipios. El páramo de Sumapaz es el más grande del mundo y provee de agua potable al 15% de la población colombiana. La consulta popular de Fusagasugá es la más grande que se haya realizado sobre proyectos extractivos en el país, la pregunta que se les hizo a los fusagasugueños fue:

“¿Está de acuerdo, sí o no, que en el municipio de Fusagasugá se realicen actividades de exploración, perforación y producción de hidrocarburos, FRACKING y minería a gran escala?”

Aquí es importante señalar que alrededor de 10 consultas populares se encuentran paradas debido a la falta de financiación por parte del Ministerio de Hacienda, incluso existe una iniciativa del Gobierno Nacional que busca que la responsabilidad presupuestal de las consultas sea financiada por el reducido presupuesto de los municipios.

Ver vídeo: Fusagasugá y San Bernardo podrán decirle NO a la minería a gran escala y al fracking

Aquí nuestras razones de porqué los municipios de Fusagasugá y San Bernardo tiene que votar que NO en la Consulta popular.

  • Minería:

La Agencia Nacional de Minería – ANM- nos remitió los títulos mineros vigentes para exploración y explotación minera en los Municipios de Fusagasugá y San Bernardo.

N° Exp. Area

(ha)

Estado Modalidad Mineral Titular Municipio fecha de terminación
IEF08071 305.07 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Goliat SAS Arbelaez

Fusagasugá

25/06/2037
FHK121 11.32 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión D2655 materiales de construcción Antonio William Gaviria Arana Arbelaez

Pandi Icononzo

10/08/2035
21543 34.95 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Arcelia Avila d Bustamante Fusagasugá

Pasca

08/02/2035
16142 29.98 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 arena silicea Promortec SAA Fusagasugá

Silvania

26/03/2013
EIQ151 352.95 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Diego Ivan Mojica Fusagasugá 23/05/2035
GC7091 77.25 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Roberto Arias Valderrama Fusagasugá 12/10/2036
ICQ0800410x 432.83 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Minerales Naturales de Colombia SAS Tibacuy

Silvania

Fusagasugá

02/09/2039
FHk121 11.32 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Antonio William Gaviria Icononzo Arbelaez

Fusagasugá

10/08/2030
EIU101 53.10 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Diego Ivan Mojica Fusagasugá 27/12/2036
IF410191 85.10 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 materiales de construcción Roberto arias Valderrama Fusagasugá 20/07/2040
IGJ09291 539.19 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 arenas industriales. materiales de construcción conglomerado roca o piedra demas concesibles Mexc de Colombia LTDA Sibaté

Fusagasugá

28/07/2040
GCNM02 29.98 Titulo vigente en ejecución Licencia de explotación- contrato  concesión L685 mineral arena silicea Promortec SAS Silvania

Fusagasugá

26/03/2013
HGP08531 563.53 Titulo vigente en ejecución contrato de concesión L685 carbon y demas concesibles yesid Armando Beltran

Alvaro guillermo castellano

Manfry Ramón Sogamoso

Rubiela Gil Daza

San bernardo

Pandi

24/09/2036
FHU155 0.42 Titulo vigente en ejecución autrorizcionm tenñporal materiales de construcción Municipio de san bernardo San bernardo 30/12/2011

Fuente: elaboración propia con información suministrada por la Agencia Nacional de Minería ANM

  • Hidrocarburos:

La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH- nos remitió los bloques destinados para exploración y explotación de Yacimientos Convencionales en los Municipios de Fusagasugá y San Bernardo, los cuales quieren hacer un megaproyecto de minería en la región del Sumapaz que afectaría toda la región.

CONTRATO E&P COR-33 (Alange Energy es una empresa filial de la multinacional Pacific Rubiales) (San Bernardo)

  • El bloque Cor 33 fue entregado a la compañía Alange Energy, que tras realizar 34 kilómetros de sísmica en Arbeláez decidió finalizar el contrato con la ANH. La empresa renunció en octubre del año pasado aduciendo temas socio ambientales”. Henry Ramírez, ingeniero ambiental de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), afirma que las razones que llevaron a la devolución del bloque fueron los pobres hallazgos geológicos y las dificultades sociales de ingresar en una región densamente poblada.

CONTRATO E&P COR-4 (Canacol Energy) Fusagasugá

  • Sobre el Cor 4, todo es incertidumbre. Las actividades se encuentran suspendidas por cuenta de la oposición de las comunidades de la zona.
  • La tenencia de la tierra en el Bloque Cor 4 está caracterizada por minifundios menores a 20 hectáreas. Esta parcelación profusa dificulta la logística necesaria para la construcción de una plataforma de perforación y el transporte de maquinaria y equipos necesarios para este tipo de operaciones se hace más impactante. Además, en este contexto las actividades terminan afectando a muchas más familias que en otras regiones. Por eso la ubicación de plataformas implica medidas como el reasentamiento de viviendas y la mayor negociación de predios.

 

 

Resultados de la Audiencia Pública sobre Penalización de Mujeres por Interrupción Voluntaria del Embarazo

Resultados de la Audiencia Pública sobre Penalización de Mujeres por Interrupción Voluntaria del Embarazo

El jueves 04 de octubre en el salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional, se llevó a cabo la Audiencia Pública sobre Penalización de Mujeres por Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue un espacio muy importante para escuchar todo tipo de opiniones respecto al tema.

En el encuentro, estuvieron presentes voceros de la Defensoría del Pueblo, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia de Salud, Fiscalía General de la Nación, expertos en salud, investigadoras de diferentes universidades y organizaciones de la sociedad civil.

En el desarrollo de la audiencia, la Vicefiscal General, María Paulina Riveros hizo un llamado respecto a que, urge un gran debate en Colombia sobre la penalización de mujeres por Interrupción Voluntaria del Embarazo, “un delito merece estar en el Código Penal solamente cuando sea producto de una reacción social, no debe ser un debate jurídico sino un debate nacional” afirmó la Vicefiscal. Así mismo, según cifras del Ministerio de Salud entre 2009 y 2018 hay un reporte de 68.901 casos de IVE.

Paula Robledo, Delegada en Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, expresó en la audiencia que, “las barreras para la IVE ya son suficientes como para que los operadores sigan colocando más barreras” y recalcó que, “para la Defensoría del Pueblo, la IVE no es un debate religioso, es un debate sobre la base de los derechos fundamentales”.

En la audiencia, también se discutió sobre poner atención no solo en los embarazos no deseados en menores de edad y la violencia sexual, sino también en las mujeres adultas que no quieren ser mamas.

Por otro lado, Marinela Sierra, Delegada de Protección al Usuario de la Superintendencia de Salud Nacional, hizo énfasis en que el empoderamiento de la ciudadanía es el que abre el espacio para que la superintendencia haga inspección y vigilancia. Entre mayor conocimiento de la ciudadanía mayor empoderamiento en la exigibilidad de sus derechos.

En el panel donde hablaron los expertos en el tema de salud, se habló de que las mujeres tienen un gran desconocimiento de sus derechos, solo el 56% de las mujeres saben que pueden acceder a la IVE, pero también se aclaró que hacer acompañamiento no disminuye los riesgos de muerte.

Según datos de Profamilia, la entidad ha practicado 10.866 interrupciones voluntarios del embarazo en mujeres de 20 a 30 años, lo que representa el 58% de la cifra total. Los expertos en salud en este panal advirtieron que, es importante fomentar la autonomía en las mujeres y en los profesionales de la salud.

Ya casi para concluir la audiencia, se dio pasó para escuchar a organizaciones de la sociedad civil, esto con el fin de atender las dos posiciones a favor y en contra respecto a la IVE.

Las posiciones a favor, estuvieron centradas en la desigualdad existente frente a este tema comparada con la atención que se les brinda a las mujeres en las ciudades y en las zonas rurales, así mismo, discutieron sobre la injusticia que se comete con las mujeres cuando acceden a la IVE, debido a que se les criminaliza, se les persigue judicialmente y se les sanciona, en muchas ocasiones estando esto por encima al derecho de la salud. Por otro lado, las representantes ubicadas en una posición en contra a la IVE, hicieron énfasis en el concepto de la maternidad, este como una alternativa a la opción de interrumpir el embarazo.

Para terminar la audiencia se concluyó que, al día de hoy, las barreras principales son el desconocimiento del marco legal, demora en la prestación del servicio o solicitud de documentos adicionales a las mujeres. Aunque se ha avanzado en el tema, todavía hay mucho por hacer puesto que todavía hay 5.144 mujeres procesadas en Colombia.

Foto Panel Institucional

Foto Panel Académico y de Investigación.

Foto Panel Académico y de Investigación.

Foto de los asientes a la Audiencia Pública. 

Foto panel organizaciones de la sociedad civil.

PRESENTACIONES EXPUESTAS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

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