Conozca los 20 proyectos que la bancada de la Alianza Verde radico en el Congreso

Conozca los 20 proyectos que la bancada de la Alianza Verde radico en el Congreso

 

El 24 de julio de 2018 con los compañeros Senadores y Representantes a la Cámara del Partido Alianza Verde radicamos ante el Congreso de la República 20 proyectos con enfoque ambiental, social y de prevención. Además, también radicamos la primera citación a debate de control político sobre el posconflicto.

Uno de los proyectos que se volverá a radicar después de que se había hundido en la anterior legislatura, es el del agua como derecho fundamental, el cual tiene como objetivo velar por la conservación, calidad y disponibilidad de este recurso.

En materia ambiental, las abejas tienen un papel fundamental e irremplazable en el equilibrio ecológico, debido a que es uno de los polinizadores más importantes para la producción de alimentos, por ello radicamos un proyecto que busca proteger a estos animales.

Desde el punto vista social, radicamos un proyecto que tiene como objetivo la configuración de un espacio de participación para la ciudadanía y las autoridades territoriales sobre las decisiones que tienen impacto ambiental en su territorio, denominado consejos territoriales de planeación.

No podemos dejar de lado la minería, donde proponemos concertación minera, con el fin de que las autoridades municipales y las autoridades del nivel nacional concierten sobre la delimitación y declaración de las zonas donde se habilita la realización de actividades mineras.

Del mismo modo, radicamos los proyectos para planes de cierre minero, el cual establece las condiciones ambientales, técnicas, financieras y sociales que deben ser tenidas en cuenta al momento de realizar el cierre y abandono de una exploración o explotación minera, y el proyecto que busca generar licencias para exploración minera.

Otros proyectos de tipo ambiental radicados fueron: pasivos ambientales, que pretende establecer los mecanismos para la atención del impacto ambiental negativo que no fue oportuna o adecuadamente mitigado, causado por actividades antrópicas que puede generar un riesgo a la salud humana o al ambiente; protección de humedales, con el fin de buscar la prohibición de las actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables y establecer el mínimo vital de agua potable, cuyo objetivo es que el Estado Colombiano garantice de forma gratuita 6 metros cúbicos de agua potable a los estratos socioeconómicos uno y dos.

En cuanto al servicio militar obligatorio, proponemos una reducción de las sanciones para los jóvenes colombianos que tengan la condición de remiso y la eliminación del servicio militar obligatorio, para implementar el servicio social y ambiental.

Con nuestra bancada verde, también radicamos el proyecto que busca prohibir el uso de la pólvora, la propuesta plantea impedir la fabricación, manipulación, el transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos.

También se radico el proyecto para incremento de las regalías directas a las zonas productoras de hidrocarburos y minerales, el cual pretende que los ingresos del Sistema General de Regalías se destinen al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales.

Otros proyectos importantes que radicamos son: las normas para la constitución y operación de las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias, la formalización de la propiedad campesina y el proyecto de canasta familiar justa, este último tiene entre sus objetivos mejorar la competitividad entre los comerciantes, facilitar el acceso de la población a los productos con mejores precios y acabar con los carteles de las empresas que acomodan los costos a su conveniencia.

También radicamos proyectos que buscan impartir sanciones para la violencia política contra la mujer, modificar el Sistema General de Participaciones y también se propone establecer límites máximos a los avalúos por actualización catastral y unificar la conservación catastral a nivel nacional.

Con estos proyectos nos comprometemos a seguir luchando por las causas ciudadanas y a trabajar desde el legislativo por sus derechos.
Bienvenidos al nuevo periodo constitucional 2018-2022, ¡vamos con toda!

Concertación minera y de hidrocarburos

Concertación minera y de hidrocarburos

Foto: Revista Semana

​En ejercicio de la definición de usos del suelo y ordenamiento territorial que se encuentra en cabeza de los municipios y distritos, éstos podrán restringir, prohibir o permitir el desarrollo de actividades de minería o de hidrocarburos.

Es decir, este proyecto propone que en todo el país la autoridad minera y petrolera deba concertar con el alcalde municipal la delimitación y declaración de zonas en las que se habilita la exploración y explotación minera en su territorio desde la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Vea aquí el proyecto completo:
4. PL Concertación Minera

Participación activa de las comunidades y entidades territoriales en la toma de decisiones ambientales

Participación activa de las comunidades y entidades territoriales en la toma de decisiones ambientales

Foto: Notivisión

En el desarrollo del proceso por medio del cual se otorgue licencia ambiental para proyectos, obras o actividades mineras y de hidrocarburos sujetos a éstas, las autoridades competentes del nivel nacional garantizarán la participación activa y eficaz de las autoridades municipales concernidas, las comunidades y la ciudadanía en el área de influencia del proyecto, obra o actividad, en la decisión sobre las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.

El presente proyecto de ley tiene como objetivo equilibrar el poder del ciudadano y de las entidades territoriales en su interlocución con los entes privados y autoridades públicas del nivel regional y nacional en lo referente a los usos de su
territorio, de los recursos naturales renovables y no renovables del mismo y a la protección ambiental en el desarrollo de proyectos que requieran para su ejecución de licencia ambiental. Según el Environmental Justice Atlas, Colombia
ocupa el segundo lugar en el ranking de países con conflictos socio-ambientales con un total de 98 registrados (Environmental Justice Atlas, 2014), después de India.

Vea aquí el proyecto completo:
3. PL Consejos Territoriales de planeacion

Proyecto sobre licencias ambientales para la etapa de exploración minera

Proyecto sobre licencias ambientales para la etapa de exploración minera

Foto: portadas.info

Si se crea la licencia ambiental para la fase de exploración de las actividades de la cadena minera, se genera una serie de requisitos para los solicitantes relacionados con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la actividad autorizada.

En Colombia, la etapa de exploración se desarrolla sin necesidad de licencias de tipo ambiental, mientras con una licencia el beneficiario de la misma está obligado al cumplimiento de una serie de requisitos de protección ambiental, mitigación, corrección y compensación, con la guía minero-ambiental se establece una mera posibilidad de consulta para la gestión ambiental. A esto se suma que como los mineros pueden acceder al título desde la etapa de exploración, es posible que muchos empiecen a explotar sin tramitar la licencia, ni informar a las autoridades. En este mismo sentido se propone el requisito de licencia ambiental para la etapa de exploración de minería

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) incluyó entre las 45 recomendaciones que hizo a Colombia en materia ambiental la necesidad de “exigir licencias ambientales para la exploración minera” (OCDE, 2014).

8. PL Licencia para exploracion minera
Pasivos ambientales

Pasivos ambientales

Foto: Colombia Plural

Se entiende por pasivo ambiental el impacto ambiental negativo ubicado y delimitado geográficamente, que no fue oportuna o adecuadamente mitigado, compensado, corregido o reparado, causado por actividades antrópicas y que puede generar un riesgo a la salud humana o al ambiente.

 

¿Por qué es importante este proyecto?

  • Mediante esta Ley se podrá concertar una definición única de “Pasivos ambientales” en Colombia, lo cual ha resultado ser un conflicto en temas jurídicos referentes a los pasivos ambientales, debido a la ambigüedad existente alrededor del término.
  • Mediante la creación de la normatividad específica, referida a los pasivos ambientales, se previenen afectaciones serias y prolongadas en el tiempo para el medio ambiente, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la salud de comunidades humanas y el desarrollo económico de las regiones donde se realizan los proyectos mineros.
  • Es de vital importancia la creación de la Comisión Intersectorial para la Gestión de pasivos ambientales dedicado a regular, coordinar, orientar y direccionar los pasivos ambientales pasados (Pasivos ambientales huérfanos), actuales y futuros. Esto, teniendo en cuenta el elevado número de reportes de casos de pasivos ambientales en el país y que gran porcentaje de estos es referido a pasivos ambientales huérfanos.
  • Mediante la regulación prevención y reglamentación de los pasivos ambientales en Colombia, se previene la irresponsabilidad técnica y financiera frente a las consecuencias ambientales en el territorio, que tienen efectos directos a la salud, economía, sostenibilidad y conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. De esta manera se le quita un peso de encima al estado al tener que hacer frente a consecuencias sociales y ambientales que fueron abandonadas por algún proyecto, lo cual ha sido recomendado incorporarlo al marco normativo por la CGR.
  • Este proyecto de ley hace frente a la necesidad urgente de reglamentar los pasivos ambientales en el orden jurídico nacional, como lo han postulado La Contraloría General de la República -CGR-, la Universidad Externado de Colombia y la Evaluación Ambiental Estratégica –EAE.
  • Mediante el Fondo de Pasivos Ambientales en el Sistema Nacional de Regalías y la Subcuenta de Pasivos Ambientales en el Fondo Nacional Ambiental se reglamenta la financiación para los pasivos ambientales, haciendo frente al problema financiero proveniente de los pasivos ambientales y su mitigación.
5. PL Pasivos Ambientales
Agua como derecho fundamental de los colombianos

Agua como derecho fundamental de los colombianos

Foto: euroresidentes.com

Con el objeto de fortalecer la protección del derecho al acceso al agua como recurso natural, esta iniciativa legislativa pretende establecer “el agua como derecho fundamental, dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia” ​teniendo en cuenta que el agua es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos de esta y las generaciones futuras. Como resultado de ello, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas.

Esta iniciativa que ha sido defendida por algunos congresistas como la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, ha tenido un largo debate en el Congreso. Con este Acto Legislativo se logrará que los páramos, lagos, lagunas, morichales y ríos sean protegidos y respetados en todo el país. El agua debe ser derecho fundamental garantizándolo en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad conforme al principio de progresividad.

Vea aquí el proyecto completo:
1. PAL Agua como derecho fundamental

Apicultura

Apicultura

Las abejas cumplen una función importante en la naturaleza, ya que son las encargadas de polinizar las flores para su reproducción. De cada diez alimentos que accedemos, al menos cinco han tenido acción directa de las abejas. Por esta razón, el Proyecto de Ley espera declarar de interés nacional a las abejas, la apicultura y la flora apícola, puesto que es fundamental reconocer este sector como estratégico e imprescindible para la seguridad alimentaria. A partir de esto, se espera formular políticas púbicas que contribuyan al fomento, defensa, protección, sanidad, conservación, tecnificación e industrialización de la actividad apícola.

El Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA realizarán la inspección, vigilancia y control de los reglamentos técnicos para la producción del consumo humano, que incluyen la producción primaria, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación y/o exportación. Así mismo, el Ministerio de Agricultura y el ICA realizarán los estudios sanitarios para determinar las enfermedades de riesgo en la producción apícola.

Por otro lado, se esperará crear mecanismos de información que generen valor agregado, y que por otro lado, pueda generar transferencia de tecnologías para el procesamiento, comercialización e industrialización de todos los productos y servicios dentro del sector de la apicultura. En este sentido, se espera crear alianzas con instituciones del sector educativo tales como SENA, e instituciones privadas y públicas para impulsar programas permanentes de capacitación e investigación sobre el cuidado y manejo de las abejas, así como de los productos y servicios a partir de éstas. A partir de esto, se espera crear en instituciones escolares la modalidad técnica en agropecuaria y la promoción de en los sistemas penitenciaros la capacitación y elaboración de insumos para la producción apícola.

Se espera que la ADR prestarán atención regular a los productores vinculados a proyectos productivos apícolas, a la vez que junto a otras instituciones estatales proveerán de información periódica al Ministerio de Agricultura sobre resultados de evaluación y seguimiento. Así mismo, se espera fortalecer la capacitación técnica y académica en diferentes instituciones para difundir conocimiento acerca de la actividad de la apicultura.

En cuanto a la promoción, producción, los insumos y la comercialización de bienes y servicios relacionados con la apicultura, destinará recursos para estimular el consumo y la divulgación del sector apícola en la producción agropecuaria. Así mismo, se financiarán ferias para la participación de PYMES en diferentes zonas del país. Además, se espera crear un Registro Apícola Nacional, donde se expedirá a cada apicultor registrado su Cédula Apícola.

Por otro lado, con el objetivo de proteger las colonias de abejas de la acción tóxica de productos agroquímicos, se prohíbe el uso de productos agroquímicos, semillas transgénicas,  a una distancia menor de 3 kilómetros  del predio donde se encuentren ubicados apíarios a partir de la consulta en el Registro Apícola Nacional. Adicionalmente, el ICA revaluará la formulación y aplicación de los plaguicidas, insecticidas, fungicidas que son usados de manera convencional para el control de plagas, de manera que su utilización sea restringida con el fin de que no se ponga en riesgo la salud humana ni la conservación de las abejas.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y la ANLA deberá ubicar parches de vegetación navita y bosques que sirven de reservorio y permitan el sostenimiento de poblaciones de polinizadores nativos. Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente desarrollará programas para el encademiento productivo de la actividad.

Para finalizar, el Proyecto de Ley espera que se desarrollen líneas de crédito dirigidas al fomento de la cría de abejas y al desarrollo de su industria y comercialización en Colombia. Así, los alcaldes y gobernadores deben incluir en los planes de desarrollo el fomento de la actividad apícola.

PL 145-17 Apicultura

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Vehículos eléctricos

Vehículos eléctricos

El presente Proyecto de Ley tiene como fin el incentivo de vehículos eléctricos. Para esto, en primer lugar plantea que para los vehículos eléctricos, las tarifas aplicables no podrán superar en ningún caso el uno por ciento del valor comercial de vehículo. Esta medida sería contemplada en el parágrafo quinto del artículo 145 de la Ley 488 de 1998. Además, se establecerá un descuento de mínimo el 50% en el valor de la Revisión Técnico-Mecánica para los vehículos eléctricos. Dentro de los otros beneficios, se contempla que para los vehículos eléctricos el costo del registro inicial no podrá ser superior al 50% del valor habitual que se le cobre a los vehículos de combustión. 

Por otro lado, los vehículos eléctricos tendrán una tasa preferencia y diferenciada en el cobro por el uso de parquímetros en todo el territorio nacional. También se contempla la posibilidad de que los vehículos eléctricos estarán exentos de las medidas de restricción vehicular tales como pico y placa. Además, se destinaran como mínimo el 2% de plazas de parqueo de entidades públicas y establecimientos comerciales para vehículos eléctricos.

Se presenta también una iniciativa pública de uso de vehículos eléctricos que consiste en que los municipios categoría primera deberán cumplir con una cuota mínima de 10% de vehículos eléctricos que sean comprados por estos entes. Por otro lado, dentro de los tres años siguientes, los municipios de categoría especial deberán garantizar que exista en su territorio cinco estaciones de carga rápida en condiciones funcionales.

Aquí el proyecto de ley que apoyamos para incentivar el uso de carros eléctricos en Colombia.
PL 075-17 Vehiculos Electricos

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